Magistrado Molina en prensa

El Consejo General del Poder Judicial estudia el caso

La Sala que preside el juez Molina resolvió pleitos entre sus socios
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial enjuició en apelación un procedimiento iniciado tras una demanda de la mujer del magistrado contra empresarios con los que había hecho negocios


La mujer del magistrado investigado por el CGPJ acabó pleiteando con empresarios que habían sido compañeros de negocios. Algún recurso cayó en la Sección Cuarta de la Audiencia, que agravó la condena inicial. P. MARISCAL / A. NASSER. GRANADA El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada, Antonio Molina García, fue juez y parte (a través de su mujer). Su Sala enjuició procedimientos relacionados, al menos, con una de las sociedades de las que formaban parte su mujer y el propio magistrado, que por entonces mantenían el régimen de gananciales.
La ´aventura´ mercantil del matrimonio fue exitosa en tres negocios: la compra de terrenos en Ogíjares para segregarlos y venderlos, y las sociedades creadas posteriormente, Petor y Caprovi, en las que la esposa del magistrado, E.S.G., participó con porcentajes que oscilaban entre el 5% y el 10% del paquete accionarial. Con la creación de la cuarta sociedad, Colinas Bermejas -promotora de un residencial en Monachil- comenzaron los problemas. La construcción de la urbanización, denominada Villas de Colinas Bermejas, coincidió con la crisis del sector inmobiliario de 1992. El negocio no resultó tan redondo como los anteriores y los socios, ya enemistados, se enzarzaron en pleitos.
Al empresario Pedro Torres, que había sido compañero de negocios del magistrado y su mujer, le llovieron las demandas. De buenas a primeras, y tras haber sido durante nueve años apoderado de los cónyuges en la sociedad formada para la compra de terrenos en Ogíjares, se vio envuelto en tres causas civiles y dos penales. La más llamativa tuvo su origen en una demanda que interpuso contra el empresario la esposa del magistrado junto a otros dos socios. El caso se resolvió en el Juzgado de Primera Instancia número cuatro a favor de los demandantes. La sentencia obligaba a Pedro Torres a indemnizar con 7,5 millones de las antiguas pesetas a la mujer del magistrado y con 7,2 millones a los otros dos socios. El fallo fue recurrido en apelación. ¿Dónde cayó el caso? En la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada.
Antonio Molina García se abstuvo alegando razones de parentesco por afinidad con una de las litigantes, que era su mujer. La presidencia, en sustitución, recayó en un magistrado que, precisamente, había comprado una vivienda en la urbanización objeto de la causa a la sociedad en la que tenía acciones la mujer del presidente de la Sala.
Pese a que la Sección Cuarta cuenta con dos magistrados titulares, además del presidente, fue nombrada como ponente del recurso una juez sustituta (o sea, una abogada sin oposiciones a la judicatura).

Un error subsanado. El expediente sobre el pleito en cuestión contiene documentos que llaman la atención. El más significativo corresponde a la subsanación de un error por iniciativa propia de los magistrados, que además se produce un día después de que se dictara la sentencia. Así, la resolución judicial, que vuelve a fallar a favor de la mujer del magistrado, y agrava la condena al demandado, tiene fecha de 30 de septiembre de 1999. 24 horas después (el 1 de octubre), la Sección Cuarta se enmienda a sí misma y rectifica sin que nadie se lo pidiese uno de los puntos de la sentencia. La consecuencia: los intereses pasaban a computarse -tras la rectificación- desde el momento en el que comenzó el procedimiento, y no desde que se dictó la sentencia en primera instancia. La diferencia entre una y otra apreciación en el fallo era de unos diez millones de pesetas, que el condenado tuvo que pagar en concepto de intereses.

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